Plan de reforma migratoria del Grupo de los Ocho legalizaría a la mayoría de los 11 millones de inmigrantes sin papeles
WASHINGTON, D.C. - Los inmigrantes sin papeles que hayan fijado residencia en Estados Unidos antes del 31 de marzo de 2011, que aún permanezcan en ese país y que cumplan con otros requisitos legales, podrán obtener un estatus legal provisional una vez que la Secretaría de Seguridad Nacional certifique al Congreso un aumento en la seguridad fronteriza, y optar a la residencia permanente 10 años más tarde, según el proyecto de ley de reforma migratoria que un grupo bipartidista de ocho senadores planea difundir esta semana.
El ABC del plan de reforma migratoria.
El proyecto de ley, negociado desde enero a puertas cerradas, establece que solamente podrán obtener el estatus legal provisional aquellos inmigrantes sin papeles que paguen una multa de $500, impuestos atrasados y no hayan resultado convictos de delitos graves, delitos simples, de más de tres faltas menores, de delitos según leyes extranjeras, y que hayan votado ilegalmente.
Versión en inglés de la reforma migratoria.
El estatus provisional podría renovarse a los seis años al pagar otros $500.
Infiografía: El plan del grupo de los ocho.
El documento indica que las personas con el estatus legal provisional pueden trabajar para cualquier patrón y viajar al extranjero, pero no podrán percibir prestaciones del gobierno federal.
Infografía: Dos caminos, con y sin ciudadanía.
Pedir la residencia
Al cabo de 10 años con el estatus legal provisional, los beneficiarios podrán optar a la residencia permanente si mantuvieron su residencia en Estados Unidos, pagaron impuestos, trabajaron con regularidad en Estados Unidos, demostraron poseer conocimientos de inglés y de la sociedad estadounidense, y pagaron otra multa de $1,000.
Infografía: Perfil de un soñador.
Los inmigrantes menores de 30 años que fueron traídos a Estados Unidos sin la debida documentación cuando eran niños, conocidos como Dreamers, y los extranjeros dedicados a labores agrícolas podrían beneficiarse de la medida sin esperar a la certificación de la seguridad fronteriza, por lo que podrían obtener su residencia permanente al cabo de cinco años, y los Dreamers podrían obtener la naturalización inmediatamente después.
Infografía: Los latinos de Estados Unidos.
La ley actual estipula que los residentes permanentes deben esperar cinco años para optar a la naturalización, o tres si están casados con ciudadanos estadounidenses.
El proyecto de ley establece que los interesados podrán solicitar el estatus provisional solamente después de que la seguridad en la frontera aumente, al detener o evitar el ingreso del 90% de las personas que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos y al colocar cercas, infraestructura y tecnología a lo largo de la frontera, para lo cual asignaría $4.500 millones.
Si la meta del 90% de detenciones no se alcanza en tramos de la frontera durante los primeros cinco años, se crearía una comisión conformada por cuatro gobernadores de estados fronterizos, que emitirá recomendaciones para cuya implementación se dispondría de $2 mil millones.
Verificación de empleo
Otro requisito para que los interesados puedan iniciar el trámite es la implementación de un sistema para que todos los patrones eviten contratar a personas no autorizadas a trabajar y un sistema electrónico para monitorear salidas del territorio estadounidense en puertos aéreos y marítimos.
La Casa Blanca ha expresado su preferencia por una reforma migratoria que no condicione la opción de la naturalización para los inmigrantes sin papeles a la seguridad fronteriza.
El proyecto de ley busca también crear una visa W para los trabajadores de baja capacitación académica, y ofrecer $20 millones para la creación de una nueva dependencia gubernamental encargada de determinar los máximos anuales de la nueva visa y declarar cuando haya escasez de mano de obra.
La propuesta representa el intento de reforma migratoria más ambicioso desde 1986, y busca un balance entre la seguridad fronteriza solicitada por los negociadores republicanos, y las prioridades demócratas de ofrecer la opción de la naturalización para los inmigrantes sin papeles sin imponer grandes condicionantes.
Arranca el debate
Numerosos grupos activistas, empresariales y religiosos se sumarán al debate sobre el proyecto de ley que el comité judicial del Senado iniciará con dos audiencias previstas durante las próximas dos semanas con la meta de someterlo a votación en el pleno del comité en mayo.
El Grupo de los Ocho senadores está conformado por los republicanos Marco Rubio, John McCain, Jeff Flake y Lindsey Graham, y por los demócratas Dick Durbin, Chuck Schumer, Bob Menéndez y Michael Bennet.
Otro grupo bipartidista prepara un proyecto de ley similar en la cámara baja, controlada por republicanos reacios a ofrecer la naturalización a personas que han incumplido leyes estadounidenses.
El representante republicano Lamar Smith dijo el lunes en el pleno de la cámara baja que el proyecto de ley del Senado "incluye un error fundamental: Legaliza casi a cualquiera que se encuentre en el país ilegalmente, algo también llamado amnistía, antes de garantizar la seguridad fronteriza. Como resultado, la propuesta de Senado es una invitación abierta para entrar al país ilegalmente. Millones más lo harán antes de que la frontera esté segura", agregó.
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